Sentencia de 3 de mayo de 2022 de la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona – Núm. 252/2022 – (Rollo 163/2020)
Ponente: Agustín
Vigo Morancho.
Presidente de la Sección 14 de la A. P. de Barcelona
Rollo 163/2020
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. – 1. El recurso de apelación, interpuesto por la empresa demandada N. ESPAÑA, SA, se funda en los siguientes motivos: 1) Error en la valoración de la prueba: inexistencia de precontrato. 2) Error en la valoración de la prueba, pues el presupuesto prestado por ABCD no fue aceptado por N. ESPAÑA, SA. 3) Error en la valoración de la prueba, ya que no se realizaron los trabajos reclamados. 4) Infracción del artículo 218 LEC: Incongruencia extra petita al conceder unos intereses diferentes a los pedidos en la demanda, ya que se pidieron los intereses legales desde el año definitivo y no los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.
2. La base fáctica del presente litigio deriva
de las relaciones negociales realizadas entre la entidad N, SA y la entidad
ABCD, SL, empresa dedicada a la realización de trabajos de interiorismo,
Arquitectura, Diseño industrial, Mobiliario e Iluminación, asesoría y gestión.
La entidad N. ESPAÑA, SA quería establecer una Sala de Catas en sus
instalaciones de Esplugues de Llobregat, como ya había efectuado en otras
ciudades. Ahora bien, para este caso se precisaba la realización de un
proyecto, lo que debía dirigir un Arquitecto o profesional habilitado para
estas funciones. A tal efecto, y con la intermediación de Don JOSÉ ARAZOMENA
RÍOS, la entidad N. ESPAÑA, SA se puso
en contacto con el Arquitecto Don Fernando Puig Fernández, que dirige la
empresa ABCD, SL; y que, a efectos comerciales, actúa también con Don José
Ararzomena con la marca XXYY, aunque ambos se dedican a negocios diferentes,
pues el Sr. AROZAMENA se dedica al negocio de venta de muebles, con sede en la
ciudad de Reus, mientras que la entidad ABCD, SL (Sr. Puig Fernández) se dedica
al negocio de interiorismo, realizando proyectos y planos, con sede en la
ciudad de Lleida. En el presente caso, como se explicará más adelante, se
desarrollaron negociaciones entre N. ESPAÑA, SA y ABCD, SL, que se efectuaban
en Espluges de Llobregat. Las negociaciones
comenzaron en mayo de 2015, concretándose la primera reunión para el día 1 de
julio de 2015, fecha a partir de la cual se desarrolló un ingente trabajo por
ABCD, SL, quien remitió a N. ESPAÑA, SA diversos planos y/o proyectos en pdf y Autocad. Cuando se les efectuó el encargo, N. les indicó
que debía ejecutarse rápidamente, pues hacían vacaciones en septiembre. Durante
el mes de agoste N. incluso fue pidiendo modificaciones o novedades en el
proyecto, según las comunicaciones realizadas los días 4 y 24 de agosto de
2017. No obstante, a partir del 22 de septiembre de 2017 N. fue demorando las
conversaciones, convocando a ABCD, SL para una reunión los días 5 ó 6 de
noviembre de 2017, reunión que volvió a retrasarse hasta el 15 de febrero de
2016. Ese día remitieron a Don FERNANDO PUIG FERNÁNDEZ y a Don JOSÉ AROZAMENA a
Don Jordi Marina, que nunca había intervenido en las negociaciones, quien les
manifestó que no seguirían con su proyecto y que tampoco se les pagaría nada
porque ya era suficiente marketing haber trabajado para N.
Meses más tarde, en fecha de 15 de
junio de 2016, por medio de email (doc. 32 demanda), la entidad ABCD, SL
remitió la factura HN/16.101, de 31 de marzo de 2016
por importe de 9.377,50 € (doc. 33) - pp. 69- ,
importe reclamado en el presente litigio. La factura se emitió únicamente por
ABCD, SL en concepto del trabajo de asesoramiento, redacción de proyectos y
planos, es decir, en concepto de honorarios por el trabajado desarrollado y
tiempo empleado en la elaboración de un proyecto prácticamente ultimado.
SEGUNDO. – 1. La doctrina científica ha mantenido una discusión sobre la naturaleza jurídica y esencia del precontrato, tesis que se ha reflejado en nuestra jurisprudencia, como veremos más adelante. En principio, el precontrato o contrato preliminar se concibe como un contrato perfecto y obligatorio que tiene por fin asegurar la celebración de un determinado contrato futuro. Sin embargo, frente a esta tesis que señala como objeto del mismo una obligación de hacer, la de celebrar un contrato futuro, se dio posteriormente otro enfoque a la institución, siendo interesantes al respecto la tesis de Roca Sastre y la teoría de De Castro. Roca Sastre considera que en el precontrato no se trata de un contrato que promete otro contrato, sino de un contrato base, en el cual las partes prometen su actividad, dirigida al desenvolvimiento necesario para su conclusión definitiva. En el precontrato se convienen, de momento, unas bases contractuales, dejando para después su desarrollo. Por su parte, De Castro, aun no siguiendo la teoría de Roca, llega a conclusiones semejantes. Es innecesario, sostiene, hacer un nuevo contrato cuando ha sido ya convenido al quedar obligado por el contrato proyectado. Considera que es inexacto hablar de una obligación de contratar, la promesa de contrato es una etapa de un iter negocial. En la relación jurídica, que puede desembocar en la relación contractual definitiva, hay que distinguir dos momentos: 1º) Promesa de contrato, en la que se conviene el contrato proyectado y se crea la facultad de exigirlo, que funciona con cierta independencia, en cuanto tiene su propia causa; y 2º) La exigencia de cumplimiento de la promesa, que origina la vigencia del contrato que fuera proyectado. En consecuencia, este autor concibe la promesa de contrato como "el convenio por el que las partes crean en favor de una de ellas (onerosa o gratuitamente), o de cada una de ellas, facultad de exigir la eficacia inmediata (ex nunc) de un contrato por ellas proyectado". Esta tesis ha influido la jurisprudencia, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1995 declaró que "tratándose en el caso de un precontrato cuyo objeto es la celebración de otro futuro…, el cumplimiento del proyectado puede exigirse directamente al haber quedado determinado en el precontrato de manera total y completa todos los elementos y circunstancias de aquél"; y, por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1998 declaró que "la esencia del llamado precontrato, contrato preliminar o preparatorio o pactum de contrahendo es la de constituir un vínculo por virtud del cual las partes se obligan a celebrar posteriormente un nuevo contrato - el llamado contrato definitivo - que, de momento, no quieren o no pueden concertar, por lo que la expresada figura contractual del llamado precontrato, dicho con frase gráfica, consiste en un <<quedar obligado a obligarse>>". Estas consideraciones sobre la evolución doctrinal de esta institución se han recogido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1995 y de 3 de junio de 1998, declarando la primera de ellas que "la doctrina científica viene estudiando la figura del contrato preliminar bajo dos puntos de vista, el que pudiera calificar de tradicional, entendiendo que el precontrato es un contrato en sí mismo, por virtud del cual las partes quedan obligadas a celebrar en un momento posterior un nuevo contrato; esta obligación de contratar cuyo objeto consiste en la futura prestación de un nuevo consentimiento contractual, en esencia es una obligación de hacer, o más concretamente una prestación de emitir en el futuro una declaración coercible directamente, debiendo su incumplimiento traducirse en una indemnización de daños y perjuicios. La otra posición doctrinal más moderna entiende, que el precontrato es ya un contrato completo, y al no tratarse de una obligación de contratar en el futuro, se contrae más bien una obligación de colaborar para establecer las líneas directrices, o unos criterios básicos que las partes deben desarrollar y desenvolver en un momento posterior; se afirma por los defensores de esta teoría que en el precontrato existe ya todo el contrato principal o definitivo, pero en germen, en síntesis, debiendo contener sus líneas básicas y todos los requisitos exigidos para la validez del llamado contrato futuro. En estas líneas parece orientarse la Sentencia de esta Sala de fecha 13 de diciembre de 1989… y en la que se llega a la conclusión de que en el cumplimiento forzoso de un precontrato puede sustituirse la voluntad del obligado por la del Juez, circunscribiéndose el derecho a la indemnización para el supuesto de que el contrato no se pueda cumplir”.
2. Posteriormente ha insistido en esta consideración del precontrato la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2006, que recogiendo la doctrina de que el precontrato es realmente un contrato completo, declara: “Dice la sentencia de esta Sala de 13 de octubre de 2005 que «el llamado precontrato, contrato preliminar o preparatorio, o "pactum de contrahendo" bilateral de compraventa tiene por objeto constituir un contrato y exige como nota característica que en él se halle prefigurada una relación jurídica con sus elementos básicos y todos los requisitos que las partes deben desarrollar y desenvolver en un momento posterior (SSTS 2E de diciembre de 1995; 16 de julio 2003, entre otras), cuya efectividad o puesta en vigor se deja a voluntad de ambas partes contratantes. Supone, por tanto, el final de los tratos preliminares y no una fase de ellos, como dice la Sentencia de 3 de junio de 1988, en los que las partes, a partir de acuerdos vinculantes, tratan de configurar esos elementos esenciales del contrato, que no existen jurídicamente hasta ese momento y que sin ellos no sólo no sería posible cumplimentar de forma obligatoria lo que todavía no existe, sino que permitiría a los interesados desistir de estos tratos, sin más secuelas que las que pudieran resultar de la aplicación del artículo 1902 Código Civil caso de abrupta e injustificada separación de la fase prenegocial, según establecen entre otras las Sentencias de 26 de febrero y 19 de julio de 1994 y 16 de diciembre de 1999. No obsta a esta calificación que no hayan quedado determinados los elementos instrumentales o complementarios del mismo, cuando es perfectamente posible hacerlo en un momento posterior...»”. En idénticos términos se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo 34/2008, de 8 de febrero, en su fundamento jurídico segundo. (Vid. también la sentencia 552/2010, de 17 de septiembre respecto la opción de compra y el plazo de su ejercicio; la sentencia de 4 de julio de 1991 respecto a la indemnización de daños y perjuicios para el caso de incumplimiento de un precontrato; y la sentencia de 13 de diciembre de 1989.
Por
otro lado, la sentencia 913/2021, de 23 de diciembre, en su fundamento jurídico
tercero, número 3, después de referirse a la calificación e interpretación de
los contratos por los órganos jurisdiccionales de instancia, declaró: << 3.3. En la sentencia 60/2008, de 30 de enero, resumimos
nuestra doctrina jurisprudencial sobre la materia, que se condensa en las
siguientes pautas:
(i) el precontrato es el
proyecto de contrato en el sentido de que las partes, por el momento, no
quieren o no pueden celebrar los contratos definitivos y se comprometen a hacer
efectiva su conclusión en tiempo futuro (sentencia de 4 de julio de 1991);
(ii)
contiene ya los elementos del contrato definitivo, cuya perfección las partes aplazan
(sentencia de 3 de junio de 1994);
(iii)
es ya un contrato completo, que contiene sus líneas básicas y todos los
requisitos, "teniendo las partes la obligación de colaborar para
establecer el contrato definitivo" (sentencia de 23 de diciembre de 1995);
(iv)
"la relación jurídica obligacional nace en el precontrato y en un momento
posterior se pone en vigor el contrato preparado" (sentencia de 11 de mayo
de 1999);
(v) es esencial que "no necesita
actividad posterior de las partes para desarrollar las bases contractuales
contenidas en el convenio"; así lo declaró la sentencia de 11 de abril de
2000 en un caso de precontrato unilateral, "bastando la expresión de
voluntad del optante para que el contrato de compraventa quede firme, perfecto
y en estado de ejecución, obligatorio para el cedente, sin necesidad de más
actos" ( sentencias de 23 de diciembre de 1991 y 17 de marzo de 1993 y reiteran
las de 16 de octubre de 1997 y 15 de diciembre de 1997).
3.4. Como afirmó la sentencia
788/2005, de 13 de octubre (ya citada más arriba), "el llamado
precontrato, contrato preliminar o preparatorio, o "pactum de
contrahendo" [en ese caso bilateral de compraventa] tiene por objeto
constituir un contrato y exige como nota característica que en él se halle
prefigurada una relación jurídica con sus elementos básicos y todos los
requisitos que las partes deben desarrollar y desenvolver en un momento
posterior ( SSTS 23 diciembre de 1995; 16 de julio 2003, entre otras), cuya
efectividad o puesta en vigor se deja a voluntad de ambas partes
contratantes".
Por tanto, el precontrato supone
"el final de los tratos preliminares y no una fase de ellos (sentencia de
3 de junio de 1988 y 788/2005, de 13 de octubre">>.
TERCERO. - En el presente proceso la entidad actora
reclamó los honorarios por los trabajos ejecutados, mientras que la entidad demanda
niega que los trabajos fueran aceptados, así como que la entidad demandada no
ejecutó la obra. Efectivamente, la entidad demandada no ejecutó la futura obra,
pero aquí lo que se dirime es si la entidad demandada debe satisfacer los
honorarios correspondientes por los trabajos efectuados. En la factura fechada
el 31 de marzo de 2016, pero remitida el 15 de junio de 2016 (vid. docs. 32 y
33, pp. 68 y 69), se expresan los honorarios en concepto de los trabajos
realizados en el anteproyecto, proyecto y presupuestos para la realización de
las obras de la Sala de Catas de las instalaciones de Esplugues de Llobregat.
Al respecto N. ESPAÑA alegó que se celebró una reunión el día 1 de julio de
2015 entre RICARDO BALLESTA (N. ESPAÑA) con JOSÉ AROZAMENA (de A.A.A.) y el
Arquitecto FERNANDO PUIG (de ABCD, SL). Intervenía el arquitecto porque la
reforma de Espluges de Llobregat era de mayor envergadura
que la de Reus, por lo que era necesaria la intervención de un Arquitecto. ABCD
presentó sus servicios de arquitectura a N. ESPAÑA, expuso el proyecto de la
Sala de Catas con la finalidad de que ABCD le hiciera llegar la oferta para la
realización de las obras, pero N. ESPAÑA sólo solicitó una propuesta. En
realidad, estas alegaciones de N. ESPAÑA
no concuerdan con el desarrollo de los hechos, tal como veremos más adelante,
pues si solamente les propuso una propuesta no se comprenden los restantes
actos que se realizaron (reuniones, emails envío de documentos y planos,
propuestas de modificación de Nestlé, etc.). No obstante, previamente es
preciso examinar las pruebas practicadas y después calificar los actos
negociales de las partes. En primer caso, debe indicarse que la entidad
demandada no propuso prueba testifical alguna para mantener sus pretensiones,
como tampoco solicitó el interrogatorio del legal representante de la actora
ABCD, SL.
El primer testigo del juicio fue Don JOSÉ
AROZAMENA, conocedor de los hechos, ya que previamente había vendido el
mobiliario de la Sala de Catas de Reus a la entidad N. ESPAÑA, y solía trabajar
con la entidad actora, aunque sus negocios sean diferentes. Este testigo
declaró: << Me dedico a vender muebles; mi empresa tiene 30 años en el
mercado, pero a veces nos aparecen trabajos importantes, en los que colaboramos
con oficinas técnicas, tales como interiorismo, arquitectura, etc. Cuando vamos
en colaboración utilizamos el nombre de XXYY (José Arozamena y Fernando Puig).
Incluso tenemos un dominio en internet, en el que tenemos elementos comunes y
no comunes. Cada uno en el negocio va por su parte. El técnico factura
honorarios de técnicos, pero yo voy como vendedor de inmuebles. No formo parte de la sociedad ABCD, ni
colaboré en el diseño. Yo participé en el momento de los diseños en el aspecto
del inmobiliario, en lo demás no. Aparezco cuando se necesitan muebles. Efectué una venta de mobiliario a una
sociedad de N. ESPAÑA, que está en Reus. Querían hacer una sala de catas de
café. Después de esta intervención me llamaron para realizar una sala de Catas,
pero ésta debía realizarse la obra. Entonces llamé al Sr. Puig y fuimos a la
reunión como XXYY, pues actuábamos conjuntamente. Dejamos claro que yo era el
proveedor de los materiales y que ABCD elaboraría el proyecto. Comenzó en junio
de 2015, pero
luego venía el verano, cogieron vacaciones; en septiembre intentamos recomponer
los temas, nos dieron largas; y ya en el año 2016 tuvimos una conversación con
el Sr. MARINA que nos preguntó que queríamos, lo que obviamente nos extrañó.
Tuvimos 6 reuniones en la sede de N. ESPAÑA y cada semana que íbamos,
aportábamos proyectos, planos nuevos, ofertas de otros muebles, etc. Estas
reuniones se efectúan principalmente en julio de 2015. Ricardo Ballesta se
comunicaba a través de emails o WhatsApp; cuando me enviaban un email, dirigido
a ABCD, lo reenviaba a ésta. Hacia el 20
de julio de 2015 se nos pidió que
presentáramos un Proyecto, que lo ejecutó ABCD. Con el proyecto se introdujeron
las modificaciones solicitadas por N. ESPAÑA.
Los trabajos realizados se presupuestaron, pues se entregaron honorarios
de ABCD. Normalmente los presupuestos se entregan a mano y se envían por email.
Los honorarios se referían a los trabajos realizados hasta el mes de julio. Se
pidió modificar la altura, presupuestos del material del suelo y otras
modificaciones. Por otro lado, en las reuniones les comentamos que debíamos
pasar honorarios, pues estábamos dedicando muchas horas a dichos trabajos.
Nunca se les dijo que parecía muy caro, por lo que continuamos trabajando con
toda tranquilidad. Pero finalmente un día RICARDO BALLESTA, en representación
de N. ESPAÑA, nos dijo que teníamos que tener una reunión con el departamento
de compras, del que se encargaba el Sr. MARINA. Cuando nos reunimos con dicho
señor, nos dijo que queríamos, le indicamos que debían pagarnos, pero él les
comentó que ya tenían suficiente con haber trabajado para N. ESPAÑA. El Sr.
BALLESTA incluso estaba avergonzado por lo que pasó >>. Posteriormente, a
preguntas de la Letrada de la entidad demandada, entre otras cuestiones,
precisó que “cuando me piden proyecto yo llamo a ABCD y cuando a ésta le viene
un cliente, que necesita muebles, también me llama; el encargo era a XXYY, pero
yo suministraba materiales y ABCD se encargaba del proyecto; el proyecto
encargado era de interiorismo, se necesitaba un Arquitecto para la obra”. En
cuanto a las conversaciones negociales especificó que “las conversaciones las
mantenía con Ricardo Ballesta, que es una persona muy amable, pero a partir de
septiembre nos comenzaron a dar largas. Nos enviaban al departamento de compras
y pienso que en realidad no nos querían pagar. La reunión fue en febrero, pero
la factura se envió en julio de 2016. En febrero quizás no se había emitido la
factura, pero sí estaban calculados los honorarios del presupuesto. Ricardo
Ballesta nos dijo que siguiéramos con el presupuesto. Obviamente perdíamos
tiempo con las visitas a Barcelona, pues ABCD venía de Lleida y yo de Reus”.
En segundo lugar, declaró la testigo Doña ESTER CINCA FRAGA, de
profesión delineante que trabaja o ha trabajado durante 21 años para la entidad
ABCD, SL. Esta testigo se refirió al encargo de materiales, a las
comunicaciones constantes entre ABCD con la entidad N. ESPAÑA, SL, a los planos
y proyectos realizados y al tiempo dedicado en dicho trabajo, hasta el punto
que debieron postergar otros encargos. En concreto, esta testigo manifestó:
<< Fernando iba a las reuniones y a partir de allí se hacían los cambios.
Conozco a José Arozamena. Ambos utilizan una marca que se llama XXYY, es un
conjunto de empresas con la finalidad de mostrar que somos más competitivos.
Tenemos dominio de la marca XXYY y lo pueden utilizar en los correos otras
empresas del grupo. Cada uno tiene sus cuentas de correos. Quien me daba las
instrucciones era Fernando Puig. Yo me encargué de enviar los planos. Siempre
hacíamos dos copias, una que se enviaba al cliente y otra que nos la quedamos
nosotros para efectuar las modificaciones. Cuando se trata de clientes no
conocidos, hacemos un presupuesto, pero cuando se trata de clientes conocidos,
como este caso, se actuó rápidamente, pues debía actuar con celeridad por las
vacaciones de verano. Como consecuencia de ello tuvimos que retrasar otros
encargos>>. En cuanto a los planos, que se le exhibieron en dicho acto,
agregó que “son planos que yo efectué”, indicando que <<los trabajos se
corresponden con el proyecto y el anteproyecto, así como otros trabajos. En la
factura sólo se pidieron los honorarios del anteproyecto, el proyecto y la
elaboración del presupuesto (es decir, sólo lo trabajado). Después de verano
encontré que se habían enviado muchos correos>>. Respecto a este
particular, se refiere al documento 28, relativo a un email de N. ESPAÑA de 24
de agosto de 2015, en el que se les pide la realización de más trabajos (pp.
65), reconociendo que efectivamente les remitieron dicho email, pues bien, en
dicho email, dirigiéndose a Ester consta lo siguiente: “Una nueva distribución
de las máquinas se la hará llegar el Sr. Ballesta, respecto del puesto de
trabajo en la sala de degustación, nos solicitan desde el departamento
responsable que sea un puesto estándar de trabajo, altura 72 cm. Por otro lado,
necesitaría el detalle constructivo del cajón cortinero y las propuestas de
material del suelo, tal como se acordó en la última reunión”.
De estas
declaraciones y de los documentos 2 a 28 de la demanda se deduce que
efectivamente la entidad N. ESPAÑA, SL encargó un
proyecto a la entidad actora, que comprendía realmente una obra de envergadura,
que precisaba de un Arquitecto, no la mera instalación de mobiliario, como se
había efectuado en otras Salas de Cata. En dichos documentos se observa que la entidad
ABCD, SL elaboró proyectos, realizó planos en PDF y AUTOCAD, remitiéndolos a la
actora. El contacto entre las partes comenzó en el mes de mayo de 2015, pero se
intensificó en el mes de julio, realizándose unas 6 reuniones entre las partes,
de las que se desprendía que el fin del contrato estaba claro y que se debía
ejecutar el proyecto de la Sala de Catas (reunión del 25 de julio), siendo muy
relevante al respecto el email de 24 de agosto, en el que se mantiene la idea
del proyecto elaborado por ABCD, si bien se piden ciertas modificaciones, que
realmente no son esenciales, pues así se desprende del contenido del email. No
obstante, se observa que N. ESPAÑA, pese a la voluntad inicial y el mantenimiento
reiterado de la ejecución de la obra conforme al proyecto elaborado, mudó
unilateralmente su voluntad, como se infiere desde el email de 22 de septiembre
de 2015, en el que se fija una reunión para los días 5 o 6 de noviembre, que
posteriormente se postergó a febrero de 2016. La cuestión estaba clara, N.
ESPAÑA estaba dando largas, pero se desatendía de pagar. Este extremo se revela
por lo indicado en la contestación, en la que se indica que el presupuesto de
ABCD se elevó a 1.349.993,94 € (docs. 7, 8 y 9 demanda, pp. 112-122), por lo
que decidieron contratar a otro Arquitecto Don JAVIER NADAL DÍAZ, que les
efectuó un presupuesto más barato. En definitiva, N. ESPAÑA, SA era consciente
de que se había encargado un proyecto. Es cierto que no se firmó un contrato
por escrito, detallando todos los extremos del futuro contrato de obra, pero de
la documentación aportada se deduce que ya se había generado una operación
contractual, un conjunto de tratos que van más allá de los meros tratos
preliminares, pues se habían sentado las bases del negocio o indicado la
finalidad del contrato, especificando la forma de la Sala de Catas, su diseño interior
y otros elementos complementarios, por lo que todo ese trato negocial debe
calificarse de precontrato, ya que como ya señaló la sentencia citada del
Tribunal Supremo 788/2005, de 13 de octubre: <<el
llamado precontrato , contrato preliminar o preparatorio, o "pactum de
contrahendo" bilateral de compraventa tiene por objeto constituir un
contrato y exige como nota característica que en él se halle prefigurada una
relación jurídica con sus elementos básicos y todos los requisitos que las partes
deben desarrollar y desenvolver en un momento posterior ( SSTS de 23 de
diciembre de 1995; 16 de julio de 2003, entre otras), cuya efectividad o puesta
en vigor se deja a voluntad de ambas partes contratantes. Supone, por tanto, el
final de los tratos preliminares y no una fase de ellos, como dice la Sentencia
de 3 de junio de 1988 (sic), en los que las partes, a partir de acuerdos
vinculantes, tratan de configurar esos elementos esenciales del contrato, que no
existen jurídicamente hasta ese momento y que sin ellos no sólo no sería
posible cumplimentar de forma obligatoria lo que todavía no existe, sino que
permitiría a los interesados desistir de estos tratos, sin más secuelas que las
que pudieran resultar de la aplicación del artículo 1902 CC, caso de abrupta e
injustificada separación de la fase prenegocial, según establecen entre otras
las Sentencias de 26 de febrero y 19 de
julio de 1994, y 16 de diciembre de 1999)>>. En conclusión, deben desestimarse los tres
primeros motivos del recurso de apelación, confirmándose íntegramente el fondo
del asunto, que se ha discutido en este litigio.
CUARTO. – En cuarto lugar, la entidad demandada alega la infracción
del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la sentencia habría
incurrido en incongruencia extra petita al condenar al pago de los
intereses previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad, en lugar de los intereses legales del
artículo 1.100 del Código Civil. Al respecto debe indicarse que la citada Ley,
según su artículo 1 tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de
deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los
plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de
bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre
empresas y la Administración. Por otro lado, su artículo 5 se refiere al
devengo de los intereses de demora estableciendo que “el obligado al pago de la
deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales
incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado
por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo
pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación
alguna por parte del acreedor”. Ya de por sí, en el presente caso, no sería
aplicable dicha regulación específica en materia de mora, pues no nos
encontraos en una obligación, en la que se hubiera establecido un plazo para el
pago de una deuda, sino ante un crédito discutido, cuya procedencia,
legitimidad y viabilidad se ha determinado en este proceso. Por otro lado, en
el suplico de la demanda se pide únicamente el pago de los intereses legales hasta
el completo pago definitivo, de donde se deduce que se pide el pago de los
intereses legales devengados desde la interpelación judicial (artículo 1.100
del Código Civil) y, una vez recaída sentencia en primera instancia, los
intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales ya se
aplican de oficio, sin necesidad de petición expresa, como sucede con los del
artículo 1.100 del Código Civil. En conclusión, debe estimarse parcialmente el recurso
de apelación interpuesto por la entidad N. ESPAÑA, SA contra la sentencia de 18
de julio de 2019, dictada por la Iltre. Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. 3 de Esplugues de Llobregat,
revocándose parcialmente la misma en cuanto a los intereses, que serán los
intereses legales (artículo 1.100 del Código Civil) devengados desde la
interpelación judicial y los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde la sentencia de primera instancia, confirmándose todos los demás pronunciamientos
de la sentencia de instancia.
QUINTO. - Al estimarse parcialmente el recurso de apelación no procede efectuar especial pronunciamiento de las costas de esta alzada (artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la entidad N. ESPAÑA, SA contra la sentencia de 18 de julio de 2019, dictada por la Iltre. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Esplugues de Llobregat, y, por ende, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE la misma en cuanto a los intereses, que serán los intereses legales (artículo 1.100 del Código Civil) devengados desde la interpelación judicial y los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia de primera instancia.
Se confirman los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia.
Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
